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Miércoles, 29 Septiembre 2021 13:43

Exposición

Exposición de pintura, con obras de `Locu´

  • Fecha: Del 2 de octubre al 8 de diciembre
  • Lugar: Teleclub (Villavega de Ojeda)
Publicado en Cultura

Los consejeros de las cuatro comunidades autónomas con mayor presencia lobera de España se han reunido hoy en Santander con el fin de coordinar las acciones a llevar a cabo con el fin de suspender la orden ministerial que incluye el lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE) mediante el inicio del proceso de recurso judicial ante la Audiencia Nacional, a cuya instancia también solicitan medidas cautelares para que dicha orden deje de estar en vigor. A la reunión también han asistido los representantes nacionales de las organizaciones profesionales agrarias, que también han anunciado recurso judicial, además de movilizaciones de cara a la sociedad para explicar los perjuicios que esta decisión del Gobierno hace al sector agroganadero, en particular, y al medio rural, en general. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha señalado que “el Gobierno solo nos deja la alternativa judicial”, y ha anunciado que las cuatro CCAA pedirán una reunión con el comisario europeo para el Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ya que “consideramos que esta orden ministerial va más allá de la Directiva Europea Hábitats, que confiere a los territorios del norte del Duero la capacidad de gestionar la especie, que el Gobierno de España les hurta, y que, en el marco del consenso, ha permitido que el lobo tenga las mejores poblaciones de Europa”.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha participado hoy en Santander en una reunión con sus homólogos en materia de medio ambiente de Cantabria (el anfitrión, Guillermo Blanco, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), Galicia (Ángeles Vázquez, consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda), y Asturias (Alejandro Jesús Calvo, consejero de Desarrollo Rural), con el fin de coordinar acciones contra la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de 21 de septiembre pasado, por la que se incluye el lobo ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE) lo que impide a las Comunidades Autónomas su gestión. Los consejeros comunicaron el inicio del proceso de recurso contencioso-administrativo de cada comunidad autónoma ante la Audiencia Nacional contra esta Orden Ministerial, para que la también se piden medidas cautelares para que se suspenda su ejecutividad.

En la reunión también han participado los representantes nacionales de las organizaciones profesionales agrarias UPA (Román Santallana, secretario general), ASAJA (Pedro Barato, presidente nacional, acompañado por Donaciano Dujo, secretario regional de Castilla y León) y COAG (Charo Arredondo, responsable de ganadería), quienes también han anunciado un recurso judicial contra dicha Orden Ministerial, movilizaciones en la calle y acciones para explicar a los ciudadanos del medio urbano y rural el perjuicio que esta decisión del Gobierno traerá para el sector agropecuario y para el medio rural.

Orden del Gobierno que va más allá de la Directiva europea Hábitat

Asimismo, los representantes de las cuatro CCAA han anunciado que pedirán una reunión con el comisario europeo para el Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, ya que, en palabras de Suarez-Quiñones, esta orden ministerial va más allá de la Directiva Hábitats y de la acción que la Comisión Europea inició en 2018 para una interpretación más flexible que concilie mejor su aplicación con las consecuencias económicas y con la lucha contra la despoblación, justo lo contrario que va a producir la aplicación de la Orden Ministerial. Además, la Directiva atribuye capacidad de gestión de la especie al norte del rio Duero, que precisamente la Orden Ministerial hurta a las Comunidades Autónomas, competentes en gestión de la biodiversidad. Y ha sido esta gestión, en el marco del consenso, con los Gobiernos de España, ahora roto, en el que se han alcanzado en Castilla y León y España las mayores poblaciones de lobo de Europa.

Buen estado de conservación del lobo gracias a la gestión de las CCAA

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha señalado que claro que estamos “ante un debate de conservación del lobo, que es nuestra competencia”, pues “Las CCAA aquí presentes -ha añadido- somos las que hemos conservado y protegido el lobo con nuestros planes de conservación y gestión de la especie, hasta alcanzar las mejores poblaciones del lobo de Europa, que están en España y en concreto en nuestras comunidades autónomas”.

A este respecto, Suárez-Quiñones considera que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “se acaba de cargar el modelo de gestión que hay llevado al lobo a esas mejores poblaciones de Europa; un modelo que no era sencillo, pero que ha logrado el equilibrio entre conservación y pervivencia del medio rural”. “Por tanto -añadió el consejero-, esta Orden Ministerial ataca directamente, no sólo a la pervivencia de nuestros pueblos y el medio rural, sino a la propia pervivencia del lobo -continuó-, una conservación estricta por sí sola no garantiza la conservación de la especie, sino al contrario, como se ha comprobado con la reciente desaparición de las poblaciones de lobo en territorios donde ya regía esta protección estricta por decisión europea, como son los territorios de Sierra Morena o el vecino Portugal, con poblaciones peores que las de sus vecinos que son Galicia y Castilla y León”.

Asimismo, el consejero de Castilla y León ha señalado que “se ha limitado de forma incomprensible, e incompatible con el modelo político y territorial autonómico, las posibilidades de gestión de la especie del lobo, que la propia Directiva Hábitat, muy exigente, permite a los territorios al norte del río Duero. Es un claro ataque a la soberanía y competencias autonómicas”. También considera que esta decisión del Gobierno es un ataque a los acuerdos entre Estado y Comunidades Autónomas al saltarse la Estrategia Nacional que de forma consensuada nos dimos en 2005, una Estrategia aún vigente y claramente vulnerada por la Orden Ministerial; no han respetado ningún límite, siendo el primer Gobierno que acaba con el consenso histórico de todos los Gobiernos de la democracia y las Comunidades Autónomas a la hora de tomar decisiones normativas y estratégicas o de planificación sobre la biodiversidad”.

En la misma línea que los otros tres representantes de Asturias, Cantabria y Galicia, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León ha dicho que “estamos deseosos de que el Gobierno aclare cómo es que la ministra publicita existir 20 millones de euros para la ejecución de esta Orden Ministerial, sin que se aclare de dónde salen presupuestariamente y a qué finalidades van y quien los va a gestionar, cuando en la memoria económica obligatoria que acompaña la orden aparecen sólo 25.000 € al año de gasto económico  para su ejecución”.

Por el futuro de la ganadería y el medio rural

En definitiva, insistiendo en que la ministra no tenga miedo a hablar con las Comunidades Autónomas, y reiterar el ofrecimiento de diálogo que han mantenido durante meses, caído en saco roto -ha concluido Suárez-Quiñones-, confiamos en la Justicia plenamente, último bastión de la defensa de los derechos de nuestra gente y nuestro territorio, que pueda frenar esta acción política autoritaria y tan perjudicial para nuestras Comunidades.

 
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El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, exigió hoy a la Junta de Castilla y León que cumpla con el acuerdo de las Cortes de Castilla y León para que los 14 proyectos de macrogranjas de la zona de Herrera de Pisuerga (Palencia) se evalúen de forma conjunta para ver su impacto real.
 
Así lo señaló Tudanca durante su visita a la localidad de Herrera de Pisuerga (Palencia), donde se reunió con diferentes colectivos, alcaldes y concejales de la zona que se ve afectada por la intención de instalar estas macrogranjas porcinas.
 
Allí, insistió en que la evaluación tiene que hacerse de manera conjunta y tiene que atender al territorio para compaginarse con la protección del patrimonio ambiental y cultural.
 
“Estas evaluaciones ambientales se deben hacer de manera conjunta para no perjudicar con un poco de pan para hoy toda el hambre que van a provocar mañana en CyL”, subrayó.
 
El debate es “crucial”, aseguró el líder socialista, para saber qué modelo de desarrollo se quiere. O bien, el del PP que, durante décadas, se ha dedicado a “vaciar el territorio” y fomentar la instalación de macrogranjas que perjudican al territorio, entre otras medidas, con el cierre de consultorios en lugar de apostar por actividades económicas y de empleo y por la protección de los servicios públicos para fijar población.
 
“Queremos justo lo contrario. Un modelo de desarrollo sostenible, que proteja nuestro patrimonio natural y cultural y que permita y fomenta actividades de creación de empleo sostenible y que proteja los servicios públicos”, subrayó, para añadir que “esta es la única manera de parar la sangría demográfica y de fijar población en el medio rural”.
 
Se trata, insistió, de dos modelos diferentes. El del PP que elimina controles para la instalación de estos proyectos para que puedan hacerlo “sin cortapisas” y con dirigentes del PP que lo fomentan y defienden, frente al modelo sostenible, de fijación de población y de mejora de servicios públicos del PSOE. “Es una cuestión de moldeo de desarrollo y de que la Junta tenga voluntad política”, concluyó.
 
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